Millones de mujeres víctimas del conflicto siguen esperando ser reparadas

Agencia de Noticias UPB - Medellín. Las mujeres son sin duda una de las poblaciones que más han sufrido el conflicto armado que libra Colombia frente a grupos y actores criminales. De las más de 8 millones de víctimas que deja la guerra, se estima que la mitad (4.2 millones) son mujeres y tan solo el 10 % han sido reparadas, según documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para ahondar en el proceso de reparación integral, enfocado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, investigadores de la UPB, con la financiación y apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad Pedro de Olavide de España, analizaron el impacto de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas, entre mujeres que sufrieron distintos hechos de violencia a causa del conflicto.

La muestra tuvo a 70 mujeres de las 567.348 víctimas de los 10 municipios que conforman el área metropolitana. Muchas, en su mayoría en el rango entre los 40 a 49 años, han sido víctimas de más de un hecho donde el desplazamiento desde subregiones como el Suroestre, Urabá y otros departamentos sigue siendo el más visible.

Cabezas de hogar que deben sortear sus vidas con ingresos que llegan a un salario mínimo, son el perfil más común entre las víctimas que yacen a la espera de que se den las medidas de reparación que cobija la Ley 1448.

La investigación de la que hace parte la docente Gloria Zapata Serna, de la Facultad de Derecho, y José Roberto Álvarez, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la UPB, profundizó en la idoneidad de la Ley destacando su pertinencia en un momento decisivo para el país como el fin del conflicto con la guerrilla más antigua de la región.

Sin embargo, asuntos como la voluntad política o la aplicación engorrosa e insuficiente ha llevado a que muchas mujeres lleguen a estados de desesperanza, cansancio y desconfianza, pese a que la Ley de Víctimas reconoce el enfoque de género; en palabras de Gloria: “No todas las víctimas viven el conflicto de forma igual y aún no ven el tratamiento diferencial al recoger las experiencias vividas”, asuntos que consigna la Ley dentro de la reparación integral.

De igual forma, concuerda la Unidad de Protección de Víctimas, organismo creado por el marco reglamentario del año 2011, enfatizando en que el enfoque de género debe ser un asunto de entero conocimiento de los funcionarios públicos, desde grandes ciudades hasta pequeñas poblaciones, en la atención oportuna y eficaz de las mujeres víctimas.

Marcela Lopera, funcionaria del Ministerio del Interior, exaltó la investigación y la visibilización del género femenino reconociendo que falta descentralizar los recursos destinados para la reparación de las mujeres víctimas.

Para ella, quien además es egresada de la UPB, de los principales retos está el establecer una corresponsabilidad entre los municipios y el Gobierno Nacional, ya que “119 municipios antioqueños, solo por mencionar el caso regional, están en categorías que los hacen recibir muy pocos recursos, lo que genera que desde las administraciones no se destinen los dineros para las víctimas por priorizar en otras necesidades de sus localidades”.

A este panorama desesperanzador para las millones de mujeres víctimas se suma que en muchos casos la cadena de victimización continua en hechos que desencadenan los mismos funcionarios oficiales. Que la atención sea en oficinas improvisadas y sus testimonios sean escuchados por las personas menos idóneas, propicia que el dolor y la desperanza se perpetúen.

Como el caso de Yineth Bedoya Lima, quien ganó el reconocimiento de todo un país por su desgarrador testimonio de victimización a manos de paramilitares. Para ella, este proceso de reparación con la Ley 1448 es “una especie de laboratorio donde hoy deberíamos tener la suficiente experticia de cómo atender las víctimas, pero las mujeres llevan la peor carga” porque aún siguen muchas sin ser reparadas y en “más de un 80 % de los casos, más que pedir un auxilio económico, lo que piden es verdad”.

Entre las reflexiones que deja el evento de presentación de la investigación en el Museo Casa de la Memoria, con decenas de mujeres víctimas como asistentes, la reparación debe entenderse como la forma de afrontar la vida sin cargar con la rabia y solo basta con escuchar para ayudar a una víctima. Como lo expresa Bedoya “callarse es legitimar que me puedan hacer daño”.

Una entre muchas que esperan verdad, justicia y reparación

Era el año de 1992 cuando comenzó el horror para Soila, una mujer de origen campesino del municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, quien vio cómo grupos armados asesinaron a dos de sus hermanos y desaparecieron a otro hermano y su padrastro.

Acongojada, por solo recordar como su mamá llegó con un costal y sus poquitos “corotos” a Medellín, Soila narra que, en mejores tiempos, su familia tenía en su poder vastas extensiones de tierra y ganado en las llanuras que se abren en medio de las selvas del Darién.

Pese al dolor de haber perdido a uno de sus hermanos en el año 92, no sospechó hasta que empezaron a desaparecer las reses. En el año 94, posterior a la muerte de otro de sus hermanos, su familia comenzó a recibir amenazas de un grupo de desconocidos: “la policía a mí me decía que eso eran los paramilitares, que el Clan del Golfo ¡yo no sé quiénes serían, pero para mí son unos sucios!”.

Tras huir al municipio de Bello con uno de sus hermanos, decidió arriesgarse junto con él, proponiéndole ahondar por sus propios medios en quiénes eran los autores de tales hechos. Las indagaciones comenzaron con personas cercanas a la finca pero al final todo terminó en la desaparición de su hermano. Hasta el día de hoy Soila no sabe nada de su paradero y aún recuerda con dolor y algo de culpa el posible fin de otro miembro más de su familia.

Con miedo, dejando todo atrás, sin ropa y sin dinero para comer, Soila huyó a Venezuela, cuando aún gobernaba el fallecido Hugo Chávez Frías. El entonces mandatario le reconoció su estatus de refugiada y en la patria vecina pudo conocer más de sus derechos como ciudadana. Al final, la crisis actual la obligó a regresar a Colombia donde entre jueces y funcionarios públicos exige que se le restituya por lo perdido y se cuente la verdad de los autores criminales que desdibujaron la historia de su familia.

Por Jorge Andrés Jaramillo - Agencia de Noticias UPB