Agencia de Noticias UPB - Bucaramanga. En Colombia, la protección animal sigue siendo una deuda pendiente. Aunque el país ha avanzado en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, todavía hay vacíos legales y falta de implementación de las normativas existentes. La senadora Andrea Padilla ha dedicado su carrera a visibilizar estas problemáticas y a promover leyes que garanticen su bienestar.
La Ley Ángel, su más reciente iniciativa, busca endurecer las penas contra el maltrato animal y establecer rutas claras de atención para que estos casos no queden impunes. Sin embargo, la discusión sobre la protección animal no se limita a los perros y gatos; también abarca a los animales en la industria pecuaria, el entretenimiento y el tráfico ilegal de fauna.
En esta conversación, la senadora reflexiona sobre los desafíos de la protección animal en Colombia, la necesidad de transformar la percepción que la sociedad tiene sobre los animales y los obstáculos que enfrentan las políticas públicas en este tema.
Senadora Andrea Padilla: El desarrollo moral y jurídico de la sociedad debería llevarnos en algún momento a reconocer a los animales como sujetos de protección especial. Sin embargo, soy realista y creo que estamos lejos de otorgarles un reconocimiento pleno como sujetos de derecho.
El principal obstáculo es el interés económico. Nuestra sociedad, como la mayoría de las occidentales, ha construido su modelo económico con base en la explotación animal. Los animales son considerados recursos en industrias como la del entretenimiento, la producción alimentaria y la experimentación.
Uno de los mayores desafíos es cambiar la idea de que el derecho a la alimentación justifica la explotación de los animales. La publicidad y la industria han sido muy efectivas en hacer creer a las personas que una buena nutrición solo es posible con proteína animal. Aunque la transformación de estas lógicas tomará tiempo, sí podemos avanzar en un modelo de Estado que proteja a los animales, sancione las prácticas crueles y transforme poco a poco las condiciones de la industria pecuaria.
—Una sociedad que permite la crueldad contra los más indefensos, sean animales, niños, adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, es una sociedad en proceso de descomposición. La violencia no ocurre de manera aislada. Estudios han demostrado que donde hay maltrato animal, también hay violencia intrafamiliar, crimen organizado y un tejido social deteriorado.
El Estado y las leyes deberían proteger a los más débiles. Sin embargo, en muchas regiones del país, las prioridades han sido otras. Lugares donde aún existen prácticas como las corralejas, la tracción animal y las peleas de gallos son también territorios con pocas oportunidades laborales y altos índices de corrupción.
La violencia contra los animales debe ser vista como un síntoma de un problema más grande. No se trata solo de amar a los animales, sino de entender que su protección es un indicador de la salud de una sociedad.
—Los animales en la industria pecuaria sufren en todas las etapas: crianza, transporte y matanza.
En la crianza, muchas especies son sometidas a condiciones inhumanas. Las cerdas reproductoras viven en jaulas donde apenas pueden moverse, las gallinas ponedoras pasan toda su vida en espacios minúsculos y los pollos son criados en procesos de engorde acelerado que comprometen su bienestar.
El transporte es otra fase crítica. En Colombia, las carreteras terciarias son precarias, lo que hace que los animales sufran fracturas, golpes y estrés extremo durante los traslados a los mataderos. Una vez llegan, pueden pasar hasta ocho días en condiciones lamentables antes de ser sacrificados.
A pesar de los intentos del INVIMA por regular las condiciones de los mataderos, muchas plantas no cumplen con los protocolos de aturdimiento previo y los animales terminan muriendo en medio de un sufrimiento extremo.
Otro gran obstáculo es el lobby de la industria. Presentamos un proyecto de ley que buscaba garantizar la crianza de gallinas en libertad y establecer un etiquetado transparente para que los consumidores supieran cómo fue criado el animal. La resistencia fue impresionante. La industria no quiere que la gente tenga la opción de elegir porque sabe que una ciudadanía informada podría cambiar sus hábitos de consumo.
Finalmente, la corrupción es un problema estructural. Desde los controles en carretera hasta la regulación de mataderos, hay demasiados intereses en juego y muchas decisiones terminan beneficiando a los empresarios antes que a los animales.
—Hay tres acciones fundamentales que la ciudadanía puede tomar:
Las leyes por sí solas no transforman realidades. El verdadero cambio viene cuando las personas toman conciencia y exigen que estas normativas se apliquen.
—Sueño con un país donde los animales sean reconocidos como habitantes legítimos de nuestro territorio, donde la justicia actúe con contundencia y donde la sociedad entienda que la protección animal es una responsabilidad colectiva.
Si bien hemos avanzado con leyes como la Ley Ángel, el mayor reto sigue siendo cambiar la cultura y la mentalidad de las personas. La protección animal no es solo un asunto de compasión, sino un reflejo del tipo de sociedad que queremos construir.
Laura Peña López - Agencia de Noticias UPB
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