Agencia de Noticias UPB - Medellín. Después de las elecciones presidenciales que se celebraron en Venezuela, ha habido numerosas acusaciones de fraude contra el gobierno de Nicolás Maduro. En agosto, un grupo de juristas de toda América Latina presentó una denuncia contra el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. A esta se le sumó el viernes, 6 de septiembre, una nueva acusación presentada por exmandatarios de la región, entre los que se incluían Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Vicente Fox y Mauricio Macri.
Lo que los denunciantes le solicitaron a la CPI en ambos casos fue que investigara los crímenes y emitiera órdenes de captura contra Maduro y los demás miembros de su gobierno. Sin embargo, esta institución solo puede hacer efectiva una orden de captura en aquellos países que estén suscritos al Estatuto de Roma. Este no es el caso de Venezuela.
Como explicó uno de los firmantes de la denuncia, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB, “el gran problema del derecho internacional es la coercibilidad, porque es un derecho que si los Estados no lo suscriben, como es el caso en este momento con Venezuela y la CPI, ellos no tienen competencia”.
Esto no significa que las acciones de los juristas y expresidentes sean inocuas. En primer lugar, para el doctor Arrubla la denuncia se trata de “una llamada de atención al mundo entero de que el Tratado de Roma se nos va a quedar corto”. Además, a pesar de que no puedan capturar a Maduro ni a los demás líderes de su gobierno mientras se encuentren en suelo venezolano, hay acciones que pueden tomar.
Según el exmagistrado, la CPI no puede quedarse de brazos cruzados frente a la situación de Venezuela, pues “se quedaría corta ante la expectativa del mundo” si se limitara a decir que no es competente. Para él, lo que debe hacer la corte es llevar el proceso a otras instancias.
Otra vía, según explicó Ólmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, es a través de la presión de organismos regionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), pues en esta, a diferencia de Naciones Unidas, es un requisito que los países miembros sean democráticos.
El doctor Arrubla se muestra de acuerdo con la idea de que los países de la región deben tomar medidas: “El Pacto de San José, que le da vía a la OEA, parte de una premisa: la defensa de la democracia. O sea que no me pueden a mí venir a decir que Venezuela no hace parte, entonces no”.
Esta defensa de la democracia, de acuerdo con el profesor Muñoz, se debe llevar a cabo a través de la presión política: “Que los estados emitan comunicados, que inviten a Venezuela a dar los informes, que le digan al presidente Nicolás Maduro que está haciendo una actividad ilegal contra los ciudadanos, que está vulnerando tratados internacionales”.
Han sido varios los países de Latinoamérica que se han negado a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones, y en cambio aceptan la de Edmundo González, mientras que otros, como Brasil o Colombia, se han limitado a pedir la publicación de las actas electorales.
Las causas detrás de la decisión del gobierno colombiano de no asumir una postura firme de aceptación o rechazo a la reelección de Maduro, según el doctor Muñoz, se pueden resumir en dos puntos: la alianza que el presidente Petro ha mantenido con el gobierno venezolano y el rol que el gobierno colombiano ha buscado por parte de Venezuela como mediador en el conflicto interno.
El exmagistrado Arrubla fue claro al referirse a la postura que deben asumir gobiernos como el brasileño y el colombiano:
“Lo que tienen que hacer es rechazar ese acto con toda la energía, toda la humanidad democrática y toda la responsabilidad que ellos tienen como presidentes que fueron elegidos por una democracia. Hay afinidades ideológicas y las afinidades ideológicas tienen que dejarse a un lado cuando se violan los principios democráticos”.
Por: Juan Daniel Arias Mejía. Agencia de Noticias UPB.
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