Agencia de Noticias UPB – Medellín. La propuesta realizada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que busca el desmonte paulatino del gravamen al movimiento financiero -GMF- conocido popularmente como 4×1000, ha ocasionado diversas reacciones.

Si bien este recaudo fue implementado, de manera inicialmente temporal, con el fin de subsanar la situación de “emergencia económica” que sufrió el país durante la crisis de 1998, en la actualidad representa un rubro importante y necesario dentro del recaudo fiscal para el Estado colombiano y aunque su desmonte podría alivianar las cargas para empresarios y ciudadanos, en términos de viabilidad fiscal es una jugada arriesgada en una economía con altos niveles de desempleo, informalidad y evasión fiscal, afirman los expertos.

Es indispensable hacer claridad de qué es y qué no es el gravamen al movimiento financiero, pues son muchos los mitos que circulan y tergiversan la opinión de las personas del común. Tal como lo indica el decreto 2331/1998 en el artículo 29 dentro del capítulo V sobre “Los mecanismos de financiación para las medidas de emergencia”:

“Se establece temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 1999, una contribución sobre transacciones financieras como un tributo a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema, y de esta manera, proteger a los usuarios del mismo en los términos del Decreto 663 de 1993 y de este decreto”

Si bien su intención inicial fue preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero en crisis, su propósito se fue adaptando a los escenarios de la política de turno. Al igual que todos los demás gravámenes existentes en el estatuto tributario colombiano, existen exenciones y elementos que intentan hacer de este gravamen algo “progresivo”, tal cual lo especifica la teoría tributaria. Entendiendo esto, por ejemplo, en Colombia las personas pueden marcar una cuenta de ahorros, sea que se posea una o varias como exenta a este tributo hasta montos cercanos a los 12.7 millones en movimientos mensuales; esto último es vital para entender la naturaleza progresiva de este gravamen, pues implica que personas que registren movimientos inferiores a este monto no tendrían que preocuparse por este cobro.

Oscar Manco López, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirma que, “el tributo ha sido para la sociedad impopular, ya que es un impuesto regresivo, es decir, que es transversal a todas las personas independiente de su poder adquisitivo. Ahora tanto para personas naturales como jurídicas el tributo resulta generando un costo extra en las transacciones financieras, haciendo que los gastos administrativos suban y generen deterioros competitivos para las compañías nacionales, por afectaciones en la caja, esto desincentiva la utilización de los canales transaccionales, ya que las personas no tienen interés en crear sus cuentas y acceder a productos financieros”.

Por su parte, Alexander Ríos, economista y coordinador del laboratorio financiero de la Universidad Pontificia Bolivariana, opina que, “empresas, comerciantes naturales, intermediarios inmobiliarios y otras actividades económicas que representan cerca del 90 % del tejido empresarial a datos de 2019 en la Cámara de Comercio de Antioquia, son susceptibles a este cobro en mayor medida, de allí su aversión al mismo y por supuesto la generación de incentivos obtusos a fenómenos como la evasión, la desbancarización y la informalidad. En este sentido, el sector bancario ha sido colaborativo con su recaudo, pero sin dejar de señalar constantemente su disgusto al gravamen dado su entendimiento como un sobrecosto a los ya elevados servicios bancarios en Colombia y un mecanismo que fomenta fenómenos adversos como los mencionados”.

El GMF, con sus poco más de 20 años de existencia, ha sufrido un proceso de ampliación en su carga tributaria, pasando de un 2×1000 a un 4×1000, que sirvió para convertirlo en la actualidad en uno de los impuestos de más fácil recaudo y liquidez, y con ello labrarse un particular reglón de importancia en el presupuesto público, pues este asciende a un monto cercano a 7.4 billones anuales en recaudo según Minhacienda, un nada despreciable 1.9 % del presupuesto público anual para el año 2020.

Es válido preguntarnos qué tan conveniente es para un país como Colombia, en un escenario de déficit fiscal alrededor del 68 % del PIB, tasas de desempleo general del 13 % y tasas de evasión fiscal estimadas al 70 %, retirar uno de los ingresos tributarios más líquidos y de mayor disponibilidad para el uso inmediato de la política fiscal; con un agravante, la perdida de calificación crediticia en 2021 justo por los riesgos de hacer frente a sus obligaciones internacionales por la devaluación de la moneda en lo corrido del año y el déficit per se”, agrega Ríos.

De acuerdo a los economistas, las propuestas para desmontar el GMF no son nuevas, ni mucho menos novedosas. El Congreso y la Cámara de Representantes dieron esta discusión tanto en 2012 como en 2017, así mismo, Asobancaria, insistentemente, ha traído el tema al debate público desde el 2018, no obstante, la capacidad de encontrar nuevas fuentes de financiación ha sido, y son actualmente, el mayor escoyo para el desmonte del gravamen.

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Con esta propuesta se han generado diferentes debates sobre cuáles serían las otras fuentes que reemplacen el recaudo que genera este tributo, entendiendo que, según datos de la OCDE en 2019, en Colombia del 100 % del recaudo el sector empresarial contribuye con el 29 % mientras que las personas naturales solo con el 6%. Retirar el GMF para sumarlo a impuestos como el IVA, un con una liquidez semejante al GMF, tendría implicaciones serias sobre el consumo de los hogares y posibles impactos contractivos sobre el crecimiento económico. Alternativas como gravámenes a los dividendos, patrimonio y herencias, levantan ampollas y al igual que los impuestos al consumo, pueden generar incentivos a disminuir la inversión empresarial, e incluso, exacerbar la evasión.

Por: Mallerly Arteaga Bedoya – Agencia de Noticias UPB