Liga Universitaria de Consumidores

De acuerdo con el Decreto 1441 de 1982, las ligas de consumidores son organizaciones constituidas a partir de la asociación de personas naturales. Su función es informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos, representarlos y ejercer las acciones legales en su defensa, bien sea de interés general o particular.

La Liga Universitaria de Consumidores de la UPB fue creada a través del programa de Derecho y el consultorio Jurídico, la cual es en estos momentos la única con dicha denominación en la región; a través de ésta, se busca crear estrategias de proyección social e innovación, formando a los estudiantes como defensores de los consumidores de su región, ideando estos principios sobre la búsqueda de la equidad y la justicia, quienes llevan a cabo campañas de información, educación y orientación de los consumidores.

Ésta liga de consumidores UPB, fue creada el 12 de febrero de 2015, mediante resolución 0047 de la Alcaldía de Montería, cumpliendo dentro de sus funciones principalmente la de garantizar la protección, la información, la educación, el respeto de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria que permita facilitar o desarrollar la protección del consumidor en la comunidad, servicio que es prestado a sus usuarios a través del consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana en donde la Liga Universitaria tiene su funcionamiento.

¿Qué servicios presta la Liga de Consumidores?

La Liga Universitaria de Consumidores brinda asesorías, elaboración de trámites y procesos, y su pertinente acompañamiento en los siguientes temas:

Garantías: cuando el consumidor solicita ante nosotros asesoría porque adquirió un producto y éste presenta fallas en su funcionamiento, o no presta el servicio para el cual fue adquirido, estudiamos su caso particular y si es procedente, tramitamos la reclamación directa que debe presentar ante el productor o proveedor del bien o servicio, y en caso de no ser atendida su petición de manera satisfactoria, se procede a realizar la respectiva demanda, con la que se acude ante la autoridad competente y durante este proceso se le realiza el respectivo acompañamiento al usuario.
Telecomunicaciones: Es el que abarca los servicios de telefonía fija (teléfono fijo), telefonía móvil (celulares), e internet, se asesora al usuario frente a los inconvenientes que se le presentan como usuario de estos servicios, se le brinda asesoría, elaboración de la reclamación en caso de ser necesarios, recursos o acciones pertinentes ante la autoridad respectiva.

Servicios públicos domiciliarios: este comprende los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas natural; dependiendo del inconveniente presentado por el usuario con la empresa respectiva, se le brinda asesoría o se elabora reclamación directa en sede de empresa dando inicio al procedimiento que esta conlleve hasta su terminación, por lo que si es necesario procedemos con elaboración de recursos entre otros.
Sistemas de Financiación: asesoramos a usuarios que presentan inconvenientes con entidades o personas naturales que prestan servicios de financiación, cualquiera sea su modalidad; identificamos el tipo de inconveniente, desconocimiento por parte de la entidad y el trámite a seguir según sea requerido.

En Materia civil

Brindamos asesorías y representación de los asuntos que conocen los jueces municipales en única instancia:

De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa, procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.
De los procesos de sucesión de mínima cuantía, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración, o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad horizontal.

De los casos que contemplan los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de Comercio.
De las controversias que se susciten en los procedimientos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y de su liquidación patrimonial, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas.
En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. En cualquier caso, para los asuntos relativos a la emancipación y la adopción, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.

En el Área de Derecho de Familia

En los procedimientos de competencia de los jueces de familia en única instancia, y en los trámites administrativos que adelantan las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e inspecciones de policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de adopción. Si el asunto versara sobre la patria potestad, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas:

De la protección del nombre de personas naturales.
De la suspensión y restablecimiento de la vida en común de los cónyuges y la separación de cuerpos y de bienes por mutuo acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
De la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
De la autorización para cancelar el patrimonio de familia inembargable, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
De la citación judicial para el reconocimiento de hijo extramatrimonial, prevista en la ley.
De los permisos a menores de edad para salir del país, cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre estos y quienes detenten la custodia y cuidado personal.
De la fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, de la oferta y ejecución de los mismos y de la restitución de pensiones alimentarias.
De las medidas de protección de la infancia en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no exista comisario de familia, y de los procedimientos judiciales para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.

De las controversias que se susciten entre padres o cónyuges, o entre aquellos y sus hijos menores, respecto al ejercicio de la patria potestad y los litigios de igual naturaleza en los que el defensor de familia actúa en representación de los hijos.
De las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos.
De la revisión de la declaratoria de adoptabilidad.
De la constitución, modificación o levantamiento de la afectación a vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
De la licencia para disponer o gravar bienes, en los casos previstos por la ley.
De los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del juez o este deba resolver con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de árbitro.
Del divorcio de común acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.

Asesorías y Acompañamiento Jurídico.
Asesoría jurídica en emprendimiento o temas empresariales para pequeños comerciantes – MIPYMES.
Asesoría jurídica en Constitución o Formalización de Asociaciones Profesionales y formulación del plan de trabajo legal para el empresario.
Elaboración de contrato de arrendamiento civil y comercial.
Elaboración de contrato de compraventa.
Inventario solemne de bienes para contraer segundas nupcias.
Análisis de certificados de libertad y tradición.
Contratos de comodato.

Régimen de propiedad horizontal.
Donación.
Elaboración y análisis de hipotecas.
Contrato préstamo de uso.
Minutas de compraventa de inmuebles.
Minutas de compraventa de derechos herenciales.
Contratos de suministro y corretaje.

El área laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería está hilada en la defensa jurídica y ardua de los Derechos mínimos e irrenunciables del extremo contractual más débil e indefenso de la relación Trabajador – Empleador; es así que, nuestro ámbito de acción será brindar asesoría, realizar peticiones y representar judicialmente a los usuarios cuyas pretensiones no sobrepasen los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia le corresponda a los Jueces de Pequeñas Causas y competencia Múltiples y Jueces del Circuito Laboral de la ciudad de Montería.

En ese orden, pese a que el artículo 2° de la Ley 712 del 2001 establece nueve numerales sobre la competencia general de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, los estudiantes sólo podrán llevar lo referente a los “1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” (con las limitantes arriba anunciada) y brindar asesoramiento en “4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.

Elaborar denuncias, representar a victimas dentro de los procesos penales que se adelantan ante los jueces penales municipales, asistir como defensores de indiciados, imputados o acusados dentro de los procesos ante los jueces penales municipales, realización de hábeas corpus, peticiones en el marco de procesos penales.

En esta área del derecho brindamos asesorías concernientes a la protección de los derechos de los usuarios ante las entidades y autoridades públicas. Para la efectiva atención y protección de los usuarios ofrecemos:

Elaboración de derechos de petición
Acciones constitucionales como tutela
Incidentes de desacato
Recursos de reposición
Elaboración de habeas data (Protección de datos personales)

Elaboración de hábeas corpus (Garantía de protección de la libertad)
Defensa en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas (procesos disciplinarios a servidores públicos y procesos de cobro coactivo para la comunidad en general)
Defensa en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías
Defensa en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales, Procuraduría General de la Nación y otras entidades públicas

¿Quiénes pueden acceder a nuestros servicios?

Nuestros servicios están abiertos a todas las personas que requieran asesoría jurídica y conciliación, con énfasis en poblaciones históricamente vulneradas y de especial protección constitucional. Priorizamos:

Personas con discapacidad (sensorial, motriz, cognitiva o psicosocial).
Mujeres, incluyendo víctimas de VBG, lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos y mujeres rurales.
Población LGBTIQ+ con orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.
Personas afrodescendientes, indígenas y de otras comunidades étnicas.
Población en desplazamiento forzado, víctimas del conflicto armado, buscadoras de desaparecidos o migrantes.
Personas mayores en situación de desprotección o abandono.
Niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos.
Personas privadas de la libertad o en proceso de resocialización.
Personas en situación de pobreza extrema o exclusión social.

No hay requisitos económicos ni restricciones; solo necesitas acercarte o contactarnos. Aseguramos atención basada en respeto, empatía y eliminación de barreras, conforme a los lineamientos de "Consultorios Púrpura" y protocolos inclusivos del Ministerio de Justicia.

¿Qué servicios brindamos?

Ofrecemos atención integral, oportuna y gratuita, combinando asesoría jurídica con apoyo psicosocial. Nuestros servicios incluyen:

Asesoría y representación jurídica gratuita:

Defensa técnica en escenarios judiciales y administrativos con enfoque de género, diferencial e interseccional.
Litigio estratégico, argumentación avanzada y resolución de problemas complejos en derechos humanos.
Asesoría en procesos para personas vulnerables (ej.: violencia familiar, discriminación, despojo de tierras).

Conciliación y mediación:

Mecanismos eficaces y pacíficos para solución de conflictos, priorizando casos de VBG y discriminación sin confrontación.
Promoción de acuerdos equitativos y sostenibles.

Atención psicosocial integral

Intervenciones para estabilización emocional, apoyo en crisis y contención inmediata, con participación de estudiantes de Psicología.
Planes individualizados (jurídico, psicológico y social) para romper ciclos de violencia y promover autonomía.
Sensibilización en tolerancia cero a VBG, prejuicios y estereotipos.

Derivaciones y remisiones

Conexión inmediata a servicios complementarios (ej.: medicina legal para exámenes por delito sexual, salud, albergues, programas de empoderamiento).
Articulación con redes locales (Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Montería, Comisarías de Familia, Patrulla Púrpura).

Campañas y proyección social

Brigadas comunitarias y campañas para erradicar VBG, conforme a la Política de Tolerancia Cero del Ministerio de Justicia.
Alianzas con entidades públicas, privadas y organizaciones sociales para optimizar servicios y generar conciencia sobre reducción de barreras.

Monitoreo y evaluación de calidad

Informes trimestrales con indicadores desagregados (perfil de usuarios, tipos de violencia, remisiones).
Capacitaciones continuas en enfoque de género e interseccionalidad, con medición de impacto.

La Universidad Pontificia Bolivariana suscribe anualmente y desde el año 2012, convenio con la Corporación Opción Legal, para la ejecución del Programa de Asistencia Legal a Víctimas del Conflicto Armado y Población con Necesidad de Protección Internacional, para la defensa de los derechos de que son titulares todas las personas en especial la población más vulnerable, mediante el acceso a la justicia y la canalización de la respuesta institucional del Estado.

¿Qué servicios presta opción legal?

Opción legal brinda asistencia legal gratuita, calificada y oportuna a Víctimas del Conflicto armando en los siguientes temas:

Tramites y asesorías a Víctimas del conflicto armado
Solicitud de Ayuda Humanitaria
Solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización administrativa
Solicitud de expedición de libreta militar
Solicitud de exoneración de servicios públicos domiciliarios
Solicitud de ayuda inmediata para realizar las exequias de un familiar
Asistencia guiada para la inclusión en el registro único de victimas
Acciones de tutelas – ante la negativa en la autorización de un tratamiento medico
Solicitud de inclusión en el régimen subsidiado

Opción legal brinda asistencia legal gratuita, calificada y oportuna a Población con Necesidad de protección internacional:

Solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado
Solicitud de inscripción extemporánea del registro civil de nacimiento de hijos de padres colombianos nacidos en el extranjero.
Acceso guiado para obtener el permiso por protección temporal
Solicitud de traslado para reclamar el permiso por protección temporal en otra ciudad
Acción de tutela (salud, educación, inclusión al registro único de víctimas; entre otros)
Solicitud de afiliación a menor de edad
Solicitud de afiliación a salud de menor de edad y priorización para expedición del PPT
Acceso guiado para la obtención de visa
Acceso guiado para la convalidación de títulos académicos

El Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías – CSIR Córdoba, en una organización autónoma de participación constituida por representantes de la sociedad civil e instituciones interesadas en promover la participación ciudadana y el control social. Su misión es sensibilizar, promover, fortalecer y apoyar a grupos de ciudadanos para que ejerzan control social a la inversión de los recursos provenientes de las regalías en el departamento de Córdoba.

CSIR Córdoba está bajo la presidencia de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, quien a través de su proyección social y desde su Consultorio Jurídico, brida asistencia legal gratuita, formación y capacitación a veedurías y demás grupos de ciudadanos interesados en realizar control social.

Convenio con la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es?

Nace del principio de justicia restaurativa y posibilita que: “un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, […] permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta”

¿Quiénes pueden acceder?

En principio, estamos en una fase piloto a través de convenio suscrito con la fiscalía general de la nación, y solo podrán acceder a este servicio los casos que sean remitidos por la Fiscalía.

Requisitos para acceder

Estarán determinados por acuerdos internos entre en Centro de Conciliación y la Fiscalía General de la Nación.

Consultorio Jurídico UPB Seccional Montería

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